Sea cual sea el significado de los acontecimientos de la semana pasada, nadie debería creer las exageradas afirmaciones de que la crisis de los mercados señala la muerte del libre mercado. La ideología del libre mercado siempre ha servido a los intereses del capital, y su presencia crece y disminuye dependiendo de la utilidad para dichos intereses.
En épocas de auge, resulta provechoso predicar el laissez faire porque un Estado poco presente permite el crecimiento de las burbujas especulativas. Cuando esas burbujas estallan, la ideología se convierte en una traba y entra en estado de hibernación mientras el “gran gobierno” corre a prestar auxilio.
Ahora bien, que nadie se llame a engaño: la ideología volverá a rugir en cuanto haya concluido el rescate. Las deudas astronómicas que están acumulando los ciudadanos para sacar de apuros a los especuladores se convertirán entonces en parte de una crisis presupuestaria global que servirá de justificación para grandes recortes de los programas sociales. Se nos dirá también que nuestras esperanzas de un futuro verde son, por desgracia, demasiado costosas.
Lo que no sabemos es cómo responderá la opinión pública. No debe olvidarse que, en Estados Unidos, todos los menores de 40 años han crecido con la cantinela de que el Gobierno no puede intervenir para mejorar nuestra vida, que el Estado es el problema, no la solución, que el laissez faire es la única opción. Ahora, vemos de repente un Gobierno extremadamente activista e intervencionista dispuesto, al parecer, a hacer cuanto haga falta para salvar a los inversores de sí mismos.
Este espectáculo plantea de forma inexorable una pregunta: si el Estado puede intervenir para salvar las corporaciones que aceptaron riesgos temerarios en los mercados inmobiliarios, ¿por qué no puede hacerlo para impedir las ejecuciones hipotecarias de millones de estadounidenses?
Y, también, si es posible que puedan aparecer como por ensalmo 85.000 millones de dólares para comprar la aseguradora gigante AIG, ¿por qué una asistencia sanitaria pública (que debería proteger a los estadounidenses de las prácticas depredadoras de las aseguradoras médicas) es al parecer un sueño inalcanzable? Y, si cada vez más corporaciones necesitan fondos de los contribuyentes para mantenerse a flote, ¿por qué los contribuyentes no pueden plantear demandas a cambio, como topes a los sueldos de los ejecutivos o una garantía contra nuevas destrucciones de empleos?
Ahora que está claro que los gobiernos pueden intervenir en tiempos de crisis, les será mucho más difícil alegar impotencia en el futuro. Otro cambio potencial tiene que ver con las esperanzas del mercado acerca de futuras privatizaciones.
Durante años, los bancos de inversión globales han estado presionando a los políticos para conseguir dos nuevos mercados: el resultante de la privatización de las pensiones públicas y el resultante de una nueva ola de privatizaciones o casi privatizaciones de carreteras, puentes y sistemas de tratamiento de agua.
Estos dos sueños se han hecho mucho más difíciles de vender: los estadounidenses ya no están en disposición de confiar sus activos individuales y colectivos a los agentes temerarios de Wall Street, sobre todo porque parece más que probable que los contribuyentes tengan que pagar para volver a comprar sus activos cuando estalle la siguiente burbuja.
Dado el descarrilamiento de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, esta crisis también podría ser el catalizador de un enfoque radicalmente alternativo a la regulación de los mercados y los sistemas financieros mundiales. Estamos presenciando ya un movimiento hacia la “soberanía alimentaria”, en lugar de dejar el acceso a los alimentos a los caprichos de las grandes compañías. Quizá haya llegado la hora de ideas como el impuesto a los flujos de capitales, que frenaría la inversión especulativa, así como otros controles globales sobre los capitales.
Y ahora que la nacionalización ya no es una palabrota, las compañías del sector del petróleo y el gas deberían andarse con cuidado: alguien tiene que pagar el cambio a un futuro más verde, y tiene mucho más sentido que el grueso de los fondos proceda del más que rentable sector responsable de nuestra crisis climática. Mucho más sentido, desde luego, que crear otra peligrosa burbuja con el comercio de los derechos de emisión.
Con todo, la crisis que estamos presenciando pide cambios aún más profundos. La razón por la que se permitió la proliferación de los préstamos basura no es que los reguladores no comprendieran el riesgo, sino que tenemos un sistema económico que mide nuestra salud colectiva sobre la base exclusiva del crecimiento del PIB.
Mientras los préstamos basura estuvieron impulsando el crecimiento económico, nuestros gobiernos los apoyaron de modo activo. Por ello, lo que de verdad pone ahora en entredicho la crisis es el compromiso irreflexivo con el crecimiento a cualquier precio. Esta crisis debería llevarnos a que nuestras sociedades midan de un modo radicalmente diferente la salud y el progreso.
No obstante, nada de esto sucederá sin una intensa presión pública sobre los políticos en este momento decisivo. Y no una presión educada, sino una vuelta a las calles y al tipo de acción directa que desembocó en el new deal durante la década de 1930. Sin semejante presión, se producirán cambios superficiales y un regreso lo más rápido posible al aquí no ha pasado nada.
Naomi Klein es columnista de ´The Nation´ y ´The Guardian´. Su último libro es ´La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre´
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